Urge verificación de centros de rehabilitación en CDMX tras tragedia en Tlalpan

El Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado urgente a la Secretaría de Salud y al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) para que inicien la verificación de centros de rehabilitación en la capital, con el fin de garantizar que operen bajo la normativa vigente y en condiciones seguras.

Este exhorto surge tras la tragedia ocurrida el pasado lunes en el poblado de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, donde un incendio en un centro de rehabilitación dejó un saldo de cinco personas fallecidas y varios intoxicados. De acuerdo con la diputada de Morena Paula Alejandra Pérez Córdova, es necesario elaborar un directorio de los establecimientos debidamente registrados y asegurar su difusión, para que las personas que buscan ayuda puedan identificar los centros que operan con legalidad.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, advirtió que la existencia de clínicas irregulares es un problema en todas las alcaldías, especialmente en zonas con alta marginalidad, donde estos espacios suelen ser operados por personas de la comunidad sin supervisión adecuada.

Denuncias ciudadanas y testimonios revelan condiciones de abuso dentro de muchos de estos anexos clandestinos. Se reporta que los internos son sometidos a castigos físicos, malos tratos y alimentación deficiente. Un testimonio anónimo describe prácticas de tortura como hacer que los pacientes se hinquen sobre tapas de botellas de plástico, sean golpeados con trapos mojados o permanezcan colgados de literas como castigo.

En relación con el incendio en la Clínica para Rehabilitación de Adicciones "Hombres Preparados y Mujeres Preparadas A.C.", un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó prisión preventiva a cuatro personas detenidas por homicidio y tentativa de homicidio. Según las investigaciones, el fuego fue provocado por internos en protesta por los abusos sufridos. Será hasta el 3 de marzo cuando se determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Este caso ha puesto en el centro del debate la urgencia de regular los centros de rehabilitación y evitar que más personas sean víctimas de maltrato en espacios que deberían ofrecer ayuda y recuperación.