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Organizaciones exigen una nueva legislación para garantizar el acceso equitativo al agua en México

  • Foto del escritor: Angel Eustorgio Hernández del Ángel
    Angel Eustorgio Hernández del Ángel
  • 25 mar
  • 2 Min. de lectura

En el marco del Día Mundial del Agua, diversas organizaciones y especialistas hicieron un llamado urgente para reformar el marco legal que rige la gestión del agua en México. La Contraloría Nacional Ciudadana Autónoma del Agua, junto con pueblos originarios, investigadores y colectivos ambientales, exigieron la derogación de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde 1992, y su sustitución por una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico.

Los activistas señalaron que la LAN ha permitido la sobreexplotación y privatización del agua, favoreciendo a grandes corporaciones mientras comunidades rurales e indígenas enfrentan escasez. En el periodo de 1992 a 2003, durante la fase más intensa de las políticas neoliberales en México, el número de concesiones otorgadas creció exponencialmente de 2,600 a 360,000, consolidando un modelo que prioriza el interés privado sobre el derecho humano al agua.

Óscar Arredondo, de la Red Agua para Todos, subrayó que la LAN ha facilitado el acaparamiento del recurso por parte de la industria, contribuyendo a la crisis hídrica y la contaminación de cuerpos de agua en diversas regiones del país. Además, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones que obligan al Congreso a legislar en esta materia, lo que hasta ahora no se ha cumplido.

Si bien el gobierno ha identificado recientemente más de 7,000 concesiones irregulares y anunciado medidas para restaurar ríos como el Lerma-Santiago, los expertos advierten que estas acciones son insuficientes si no se abordan las fuentes de contaminación y se involucra a las comunidades en la gestión de sus cuencas.

La crisis del agua en México se refleja en casos como el de Puebla y su zona conurbada, donde más de 500,000 personas enfrentan cortes constantes del suministro, sobrecobros y contaminación de ríos, debido a la gestión privada de la empresa Concesiones Integrales.

El debate sobre el agua en México cobra cada vez más relevancia, con una creciente presión social para que el Estado garantice este derecho fundamental y corrija los efectos de décadas de políticas que han favorecido su mercantilización.



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