Oaxaca: El estado más peligroso para activistas y organizaciones sociales

La persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas han convertido a Oaxaca en el estado más riesgoso para la labor social en México. De acuerdo con el proyecto Alas y Raíces, desde 2018 se han documentado 58 asesinatos y seis desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en la entidad.

A pesar de la creciente inconformidad social, el gobierno estatal defiende cifras oficiales que indican una reducción en los índices de criminalidad. Sin embargo, el propio secretario de las Culturas, Flavio Sosa Villavicencio, reconoce que el discurso confrontativo del gobernador Salomón Jara Cruz ha provocado una mayor polarización.

Diversas organizaciones y líderes comunitarios denuncian una estrategia gubernamental para debilitar y dividir a los movimientos sociales. En este contexto, ha surgido la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (Unapo), la cual ha tomado postura frente a la violencia, como el reciente asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, líder comunitario de Buena Vista Mixe.

El informe de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) revela que, de las 225 personas defensoras asesinadas en México entre 2018 y 2025, 58 eran de Oaxaca, con una distribución alarmante en diversas regiones del estado. Esta realidad, sumada a la falta de reconocimiento del gobierno a los movimientos sociales, ha generado un ambiente de tensión que podría derivar en un endurecimiento de las políticas oficiales.

Mientras el descontento social crece y las organizaciones denuncian represión y criminalización, el futuro político de Oaxaca parece dirigirse hacia una confrontación mayor, con sectores que ya impulsan la revocación del mandato del gobernador en 2026.