Infonavit emprenderá acciones legales contra 160 despachos por fraude y despojo masivo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha anunciado la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra más de 160 despachos de abogados, acusados de operar esquemas de fraude y despojo masivo de viviendas. Esta decisión responde a revelaciones recientes sobre corrupción dentro del sector inmobiliario y judicial, en las que participaron jueces y funcionarios estatales.

Según el director del organismo, Octavio Romero Oropeza, estos despachos lograron despojar ilegalmente de sus viviendas a más de 207 mil derechohabientes, valiéndose de juicios masivos irregulares. Además del daño patrimonial a las familias afectadas, el Infonavit erogó alrededor de 30 mil millones de pesos en pagos a estos despachos, quienes incumplieron con su labor y agravaron la crisis inmobiliaria.

El organismo, en coordinación con la Consejería Jurídica de la Presidencia, elabora denuncias penales blindadas para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la situación de los inmuebles recuperados sigue siendo incierta, ya que actualmente no pertenecen ni a los trabajadores ni al instituto, lo que implica la necesidad de asignar recursos adicionales para su regularización.

Mientras se define el destino de estas propiedades, el Infonavit ha implementado medidas de apoyo para los afectados, congelando mensualidades y ofreciendo descuentos de hasta el 95 % en saldos pendientes a más de dos millones de derechohabientes.

Empresas involucradas y reformas en puerta

Entre los despachos implicados figuran Desnor, Gabssa, Beamber, ECD, Aguilar e ILS, quienes recibieron pagos millonarios pese a haber incurrido en prácticas fraudulentas. Además, se han documentado casos de corrupción dentro del propio organismo, en los que representantes de sectores empresariales y laborales avalaron proyectos inconclusos y recibieron pagos indebidos.

Las investigaciones apuntan a una red de corrupción que involucra a jueces, notarios, peritos valuadores, personal de registros públicos de la propiedad y funcionarios del Infonavit, quienes enfrentarán cargos conforme avancen las indagaciones.

Ante este escenario, la reforma a la Ley del Infonavit cobra especial relevancia, ya que busca mejorar la transparencia y permitir la fiscalización de los recursos del instituto por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, sectores empresariales y sindicales han manifestado su oposición a estas modificaciones.

El Infonavit ha reiterado su compromiso con la legalidad y la recuperación de la confianza de los trabajadores, asegurando que continuará presentando denuncias conforme avance la recopilación de pruebas.