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INE aprueba reglas para fiscalización de campañas; flexibiliza sanciones

  • Foto del escritor: Angel Eustorgio Hernández del Ángel
    Angel Eustorgio Hernández del Ángel
  • 31 ene
  • 2 Min. de lectura

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo conjunto de reglas de fiscalización para los candidatos a cargos judiciales en el proceso electoral extraordinario de 2025. Estas normativas incluyen prohibiciones en el uso de recursos para pagar espectaculares, pintar bardas o contratar publicidad en redes sociales.

Sin embargo, la principal modificación es la flexibilización en la sanción por omitir la presentación del Informe Único de Gastos de Campaña. Aunque la legislación electoral contempla la cancelación del registro para quienes incumplan con este requisito, la mayoría de los consejeros del INE determinaron que el organismo solo está facultado para establecer lineamientos, pero no para imponer sanciones de esta magnitud.

De acuerdo con los lineamientos aprobados, los candidatos deberán registrar en tiempo real sus operaciones financieras dentro del Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC) y presentar su informe de gastos un día después de la conclusión de las campañas, el 30 de mayo.

En caso de incumplimiento, la falta será considerada grave y podría derivar en una sanción que varía desde una amonestación pública hasta una multa de 565,700 pesos. No obstante, no se aplicará la sanción de pérdida de candidatura.

La consejera Claudia Zavala enfatizó que si una irregularidad de esta naturaleza es denunciada y confirmada, podría derivar en la nulidad de una elección, pero será responsabilidad de las instancias judiciales determinar el castigo, no del INE.

Por otro lado, la consejera Carla Humphrey expresó su desacuerdo con esta medida, argumentando que se envía un mensaje negativo al permitir que los aspirantes incumplan con la fiscalización sin enfrentar consecuencias severas.

El debate entre los consejeros refleja una diferencia de interpretaciones sobre las facultades del INE en el marco de la reforma judicial, y abre la puerta a posibles impugnaciones sobre la aplicación de las sanciones en el proceso electoral de 2025.



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